En el país se acaba de levantar un revuelo contra la postura del gobierno colombiano de negar la existencia de un derecho internacional al aborto y por abstenerse en la votación sobre una enmienda, presentada por Pakistán, que buscaba retirar las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tal posición va en contravía de la posición progresista que el país ha asumido a nivel internacional en las dos últimas décadas, niega en la práctica el entramado del derecho vigente y por sobre todo ratifica la intención regresiva que se quiere imponer sobre las mujeres en la sociedad. Esa malsana intención se corrobora en varias posturas e iniciativas contra los derechos de las mujeres como la de prohibir el aborto, la sañosa idea de elevar la edad de jubilación de las mujeres, o el desconocimiento a las niñas del país. 

No obstante, en este contexto mal sano y regresivo lo que se debe interrogar es: ¿por qué los hacederos de milagros que ahora gobiernan el país asumen la imperiosa necesidad de reversar los exiguos avances sociales y reimponerles a las mujeres el lugar de subordinación y explotación que pesó sobre ellas durante siglos?

La escandalosa postura del gobierno colombiano en la ONU

La citada abstención del gobierno colombiano ocurrió este martes 6 de octubre, en la votación sobre una enmienda presentada por Pakistán que buscaba retirar las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 63.ª sesión. En tal contexto, abstenerse es equivalente a dar un apoyo por vía negativa a la pretensión de Pakistán, de modo que el gobierno colombiano desconoce el contenido de la Constitución y su extensión a través de las leyes que rigen la vida social en el país. Esto porque en el conjunto de leyes y tratados internacionales ya se reconoce la importancia de la salud sexual y reproductiva y en consecuencia rigen sobre los derechos consagrados en la Constitución.

La explicación de esa relación determinante entre la Constitución y el derecho internacional descansa en el artículo 9 de la Constitución, al afirmar que las relaciones externas del Estado se fundamentan en “el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, agregándose que el Artículo 93 ordena que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Por lo tanto, la abstención del gobierno colombiano en la votación se realizó en forma violatoria del derecho establecido en el país, y al cual De la Espriella dice atenerse. 

Y esa postura de desconocimiento del derecho existente, como lo referencian los artículos citados, se extiende a diversos grupos históricamente discriminados (de acuerdo a su orientación sexual o LGQTB ), en cuanto pretende limitar el concepto de identidad de sexo a masculino o femenino, tal como lo definiría el Estatuto de Roma. 

El ataque contra la mujer es más sistemático

La estructura social de Colombia está cimentada sobre condiciones sociales y culturales que alimentan y reproducen relaciones de explotación, dominación y violencia sobre las mujeres. Tal situación se puede ver –de forma borrosa- mediante algunas estadísticas que destacan las desventajas las mujeres, por ejemplo: en el acceso a un trabajo formal (71%h vs 47%m), tasa de exclusión laboral (23%h vs 47,4m), hogares bajo pobreza según jefatura (28,45h vs 36,1%m).........

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