La COP30, que se desarrolla en Belém do Pará (Brasil) entre el 6 y el 21 de noviembre de 2025, representa un momento crucial para redefinir el rol de los Estados y organizaciones protagonistas en la arquitectura ambiental global. En medio de un escenario de negociaciones aún en desarrollo, esta edición no solo revisa los compromisos del Acuerdo de París, sino que abre espacio para propuestas estructurales que vinculen justicia ambiental, equidad intergeneracional y gobernanza efectiva.

Este es el tiempo de retar los modelos dominantes de gobernanza climática. Una vía es la adaptación de la normativa internacional mediante criterios de equidad. Para ello, hay que utilizar la función creadora y correctora de los tribunales frente a los vacíos normativos y la inacción estatal ante la crisis climática.

Es lo que he calificado como pretorianismo ambiental, que se traduce en utilizar a la jurisprudencia como fuente transformadora del derecho. Esto garantiza una ecología integral mediante principios generales y mecanismos judiciales innovadores. No solo se trata de la protección de la naturaleza como objeto, sino en reconocerla como sujeto de derechos y definir este parámetro como principio de dignidad ecológica.

El reto es combinar mecanismos jurisdiccionales y financieros con base regional y alcance global. Esta arquitectura parte de una premisa ética: frente a la magnitud del daño ambiental y su efecto diferido sobre generaciones futuras, es necesario repensar los fundamentos de la responsabilidad en contextos transnacionales.

La justicia ambiental no se reduce al reconocimiento de derechos, sino que........

© The Conversation