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En abril de 2026, cuando los peruanos acudan nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, habrá un actor poderoso y silencioso que no figura en las cédulas electorales: la minería ilegal.

Este «partido invisible» mueve millones de dólares al margen de la ley, controla territorios enteros y ha demostrado tener la capacidad de corromper y de liquidar a diestra y siniestra. Sus tentáculos se extienden hasta el Congreso, donde tiene aliados dispuestos a perpetuar su impunidad. Ni los operativos policiales ni las intervenciones militares han logrado contener un poder que ya compite abiertamente por el control político del país.

El Perú es, sin duda, un país minero. Su cartera de proyectos de inversión alcanza los US$63.000 millones, repartidos en 68 iniciativas que se despliegan a lo largo del territorio nacional, lo que evidencia el enorme potencial de este sector para sostener la economía nacional. En los primeros cinco meses de 2025, la inversión minera ejecutada ya sumaba US$1.845 millones.

Pero mientras la minería formal aporta empleo, divisas y tributos, la minería ilegal avanza sin control, drenando los recursos del Estado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta actividad ilícita representa alrededor del 2,7% del PBI peruano, una magnitud similar a la de un sector formal de mediano tamaño. La Fiscalía calcula pérdidas superiores a S/22.700 millones cada año (más de........

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