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América Latina enfrenta una de sus más profundas contradicciones: es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente, pero también es el lugar de nacimiento del primer tratado internacional que busca protegerlos: el Acuerdo de Escazú. A las puertas de la Conferencia de las Partes (COP-30), que se celebrará en la Amazonía brasileña, se abre una oportunidad única para que los gobiernos de la región pasen de las promesas a la acción.

En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en el mundo por defender la tierra y un ambiente sano. Según datos de la ONG Global Witness, el 85% de estos crímenes ocurrió en América Latina: Colombia encabezó la lista con 79 muertes, seguida por Brasil (25), Honduras y México (18).

Sin embargo, de acuerdo con la organización, el número real de víctimas probablemente sea aún mayor, puesto que la mayor parte de casos no se denuncian y muchos permanecen impunes.

Los asesinatos no ocurren de forma aislada: van acompañados de amenazas, persecuciones judiciales, estigmatización y violencia sexual, especialmente contra las mujeres defensoras. Aun así, muchas de las que están en la línea de frente en la defensa de los territorios se han transformado en símbolos internacionales: Berta Cáceres, Francia Márquez, Nemonte Nenquimo, Máxima Acuña son sólo algunos ejemplos de defensoras de la tierra que han sido galardonadas internacionalmente y encarnan la resistencia frente a la destrucción ambiental.

Brasil es un caso paradigmático. En el estado de Pará, donde se celebrará la COP-30 en 2025, la violencia contra defensores ambientales alcanza niveles alarmantes. Entre 1985 y 2023, al menos 612 personas fueron asesinadas en conflictos por la tierra en el estado, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

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