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Iniciando la segunda semana de 2026, el país se encuentra en el momento de mayor fragilidad de su historia contemporánea. Las detonaciones que sacudieron la capital el pasado tres de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro han dejado un vacío que solo puede llenarse con certidumbre jurídica o con un caos irreversible.

Quienes hoy ejercen el mando en las instituciones del Estado enfrentan una decisión histórica: persistir en una política de reclusión que ha demostrado ser ineficiente o iniciar un proceso de descompresión nacional mediante la liberación de los presos políticos.

La investigación histórica es clara. Desde la implementación de la Lista Tascón en 2003, pasando por las protestas de 2014 y 2017, hasta las detenciones masivas tras las elecciones de 2024, el Estado venezolano ha utilizado la privación de libertad como un mecanismo de control. Sin embargo, la realidad que se vive este 2026 demuestra que ese mecanismo está agotado.

Mantener a civiles procesados en tribunales militares o a ciudadanos detenidos por opinar en redes sociales ya no proyecta control, sino una incapacidad........

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