En las últimas semanas, el país ha asistido a una seguidilla de denuncias por presunto acoso sexual y laboral que han ocupado titulares, debates y redes sociales.

No se trata de casos marginales ni aislados: involucran a figuras visibles, a organizaciones influyentes y, en algunos casos, al propio sistema de medios públicos. El impacto no es solo mediático; es cultural, institucional y profundamente humano.

Particularmente llamativo ha sido lo ocurrido en Caracol Televisión y Blu Radio. Allí, las denuncias recaen sobre presentadores y periodistas que durante décadas han hecho parte de los hogares colombianos; voces y rostros familiares frente a los cuales muchos construimos una relación de cercanía, incluso de afecto.

Precisamente por eso, el golpe ha sido más fuerte: porque demuestra que el prestigio, la trayectoria o el cariño del público no inmunizan frente a la rendición de cuentas.

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Este contexto deja al descubierto una realidad incómoda: hoy, pese a la expedición de la Ley 2365 de 2024 sobre acoso sexual, el país sigue esperando un desarrollo reglamentario sustancial de esa norma, que materialice su promesa preventiva.

La falta de expedición del plan transversal para la eliminación del acoso sexual por parte del Gobierno Petro, cuya publicación estaba prevista antes de junio de 2025, ha dejado a las empresas sin un marco operativo sólido y obligatorio. En la práctica, más allá de obligaciones de capacitación y sensibilización, no existe aún un andamiaje normativo completo que obligue a actuar de manera estructural.

Y, sin embargo, algunas organizaciones han decidido no escudarse en ese vacío. Caracol Televisión optó por actuar desde sus propios protocolos, pero sobre todo desde una convicción ética que merece ser destacada.

No dudó en tomar decisiones drásticas y costosas desde el punto de vista reputacional y comercial: desvinculó a dos de sus figuras más emblemáticas del prime time, uno de ellos, su presentador insignia de noticias durante décadas, y otro, una voz clásica del relato deportivo, a escasos meses de que inicie el Mundial de fútbol y la cadena reciba a su máxima audiencia. No hubo cálculo de conveniencia. Hubo determinación.

A ello se suma una decisión aún más valiosa: encargar una investigación externa, independiente e imparcial a Catalina Botero Marino, jurista de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Abrir las puertas de la organización para ser examinada por un tercero sin vínculos internos, en medio de una tormenta mediática y con enormes riesgos reputacionales, es un acto de coraje institucional que pocas empresas están dispuestas a asumir.

Ese gesto —más que cualquier comunicado— envía un mensaje poderoso: la credibilidad no se protege negando los problemas, sino enfrentándolos con transparencia, incluso cuando duele.

El contraste con otras reacciones institucionales en cabeza del Ministerio del Trabajo no pasa desapercibido. Las inspecciones reactivas, intempestivas y altamente publicitadas a ciertos sectores generan más ruido que soluciones. Carecen de un objetivo preventivo claro y terminan pareciéndose más a ejercicios de escenificación que a verdaderos esfuerzos de protección del trabajador. La diligencia, cuando es selectiva, pierde legitimidad; cuando es agresiva y desproporcionada, erosiona la confianza.

La lucha contra el acoso sexual y laboral no se gana con visitas sorpresa ni con titulares ruidosos. Se gana con reglas claras, con instituciones coherentes y, sobre todo, con organizaciones que entiendan que la dignidad en el trabajo no es negociable, aún cuando la ley llegue tarde o incompleta.

A lo anterior hay que agregar una premisa fundamental que no admite ambigüedades: a las víctimas hay que creerles. Ese es el punto de partida correcto y necesario, y sobre ello no debería existir discusión alguna.

Sin embargo, creerle a la víctima no equivale —ni puede equivaler en un Estado democrático— a renunciar a los principios más elementales del derecho. Pase lo que pase, y sin importar la gravedad de la acusación o la presión mediática, todas las personas tienen derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.

Precisamente por eso resulta valioso el manejo que ha dado Caracol: porque ha sido firme sin ser arbitrario, contundente sin ser linchador y sensible sin sacrificar garantías.

Celebrar su actuación no implica desconocer derechos; por el contrario, supone entender que la verdadera fortaleza institucional consiste en proteger a las víctimas mientras se garantizan, simultáneamente, los derechos que le corresponden a todo ser humano cuando es acusado de la comisión de un delito.

Ese equilibrio —difícil, impopular y muchas veces incomprendido— es el que distingue a una democracia social de derecho de la justicia de la plaza pública.

Por eso, más que buscar villanos individuales o aplausos fáciles, vale la pena reconocer a quienes actúan correctamente cuando nadie los obliga.

En tiempos de ambigüedad normativa, la ética sigue siendo una decisión. Y algunas empresas han demostrado que no están dispuestas a postergarla.

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