Cuando un jefe de Estado aparece en el radar de agencias antidrogas extranjeras, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza directa a la legitimidad del poder. Lo que hoy rodea al presidente colombiano Gustavo Petro no admite matices complacientes: su nombre vinculado a investigaciones por posibles nexos con narcotraficantes y su presunta designación como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos la colocan a Colombia en un escenario de descrédito internacional que no se puede minimizar ni disfrazar con discursos.

Aquí no hay espacio para la ingenuidad. Que fiscales federales en Nueva York estén indagando posibles vínculos entre el entorno presidencial y estructuras criminales no es una casualidad ni una maniobra menor. Es una señal de alerta que, de confirmarse, revelaría una de las contradicciones más graves en la historia reciente de América Latina: un presidente que llegó al poder denunciando la podredumbre del sistema, ahora señalado por la misma sombra que juró combatir.

El golpe es doble. Por un lado, hacia el interior de Colombia, donde la confianza en las instituciones ya camina sobre una cuerda floja. Por otro, hacia el exterior, donde la credibilidad del país como socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico queda severamente comprometida. Porque más allá de ideologías, simpatías o fobias, hay una línea que no puede cruzarse sin consecuencias: la sospecha de colusión entre el poder político y el crimen organizado.

No se trata de un linchamiento mediático ni de una sentencia anticipada. La presunción de inocencia debe sostenerse como principio........

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