En días recientes, dos casos públicos evidenciaron la falta de rigor y responsabilidad en la difusión de información falsa para afectar a terceros. El Universal ofreció una disculpa pública por publicar una entrevista con supuestas declaraciones de Carlos Monsiváis, cuya autenticidad no pudo acreditarse. Con ello, se pretendía desacreditar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, dicha rectificación constituye un paso importante, difícilmente resulta suficiente para reparar el daño ocasionado.

Asimismo, una columnista de Excélsior reconoció haber difundido erróneamente que el senador Gerardo Fernández Noroña tenía a un hijo en la nómina del Senado para sostener un supuesto caso de nepotismo.

No se trata de casos aislados ni de hechos excepcionales. Nos encontramos ante formas de daño reputacional sistemático y deliberado que recurren a la difusión de información falsa o no verificada para erosionar el derecho al honor y el de la propia imagen de personas dedicadas al servicio público.

Este fenómeno, que el especialista Ernesto Villanueva ha documentado como “asesinato de carácter”, retomando la literatura desarrollada por Martijn Icks y Eric Shiraev (2014), “no busca verdad, busca percepción; no necesita pruebas, necesita circulación”. Bajo esta lógica, se han propiciado ataques dirigidos a menoscabar el derecho al honor, a la reputación, a la propia imagen y, en suma, a la dignidad de las personas deliberadamente........

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