Hay una verdad irrevocable: en el Distrito Sur de Nueva York existe una acusación formal —causa S9 23 Cr. 180 (KPF), certificada el 23 de abril de 2026 y firmada por el U.S. Attorney Jay Clayton— contra diez funcionarios mexicanos, actuales o recientes, por integrarse a una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos en alianza con los Chapitos. Existe, está firmada, está fechada. Y eso, por sí solo, nos obliga a investigar en México. Sigue siendo acusación, no sentencia; pero sostiene que vendieron poder político por sicarios y sobornos.

El listado, conviene leerlo despacio: el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya; un senador de la República en funciones, Enrique Inzunza Cázarez; el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra; dos sucesivos jefes de la Policía de Investigación —Almanza Avilés y Contreras Núñez “Cholo”—; un exsecretario de Seguridad Pública, Mérida Sánchez; un ex subdirector de la Policía Estatal, “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y un excomandante de la Policía Municipal, “Juanito”. No es un par de manzanas podridas. Es la estructura de un Estado.

A esa estructura el Departamento de Justicia le pone, según las listas manuscritas obtenidas en México y reproducidas en la propia acusación, precios mensuales: $10,893 dólares para el vicefiscal; $16,670 para el jefe de la policía investigadora; más de $100,000 para el secretario de Seguridad Pública; más de $10,000 para el alcalde. Y por encima de todo eso, un cargo cuatro que ningún litigante penal puede ignorar: secuestro con resultado de muerte —18 U.S.C. § 1201(a)(1)— de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y un familiar, un niño de trece años, torturados y asesinados después de que agentes........

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