Cuando Genaro García Luna fue acusado por la justicia estadounidense de sus vínculos con el narcotráfico, la guerra contra el crimen de Felipe Calderón recibió su último clavo en el ataúd de la credibilidad. Era el hombre encargado de combatir lo que en realidad protegía. La paradoja perfecta de un Estado que se pudre desde adentro. El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es distinto en su forma, pero no necesariamente en su fondo, y esa distinción importa tanto como la que se pierde cuando el discurso oficial decide ignorarla.

La acusación formulada desde el Distrito Sur de Nueva York no ha caído en el vacío. Ha confirmado rumores que circulaban con insistencia y ha abierto una caja de Pandora que ningún argumento sobre soberanía nacional puede cerrar con ligereza. Invocar el intervencionismo como explicación total de lo que ocurre en Sinaloa es insuficiente. Y lo es precisamente porque la violencia que ha desangrado esa entidad durante meses no requiere de una conspiración extranjera para explicarse, basta con observar la fragmentación territorial, los desplazamientos forzados y la parálisis institucional que los propios ciudadanos padecen.

Ahí está el verdadero problema. No en los titulares ni en las conferencias de prensa, sino en el miedo cotidiano. En la imposibilidad de transitar una carretera sin calcular el riesgo. En la fiesta que no se celebra, en el negocio que no se abre o el que se tiene que cerrar, en la libertad que se va restringiendo sin decreto formal pero........

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