Hay decisiones que retratan por completo a un gobierno. Y pocas tan graves como intentar suspender las órdenes de captura contra los máximos cabecillas del Clan del Golfo mientras esa misma organización sigue asesinando policías, controlando territorios y expandiendo el narcotráfico en Colombia.

Qué casualidad que, mientras el Gobierno necesita sostener políticamente su proyecto, también pretenda darle concesiones a la estructura criminal más poderosa del país. Porque al comprometer este proceso, también lo atan al futuro político del petrismo. Si no existe continuidad política, el proceso se cae. Y eso termina convirtiendo al Clan del Golfo en un actor estratégicamente ligado al futuro electoral del Gobierno, algo gravísimo para cualquier democracia.

La discusión ya no es solamente jurídica o de seguridad. Es profundamente ética y política. El Gobierno de Gustavo Petro pidió suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de esa organización criminal. Lo hizo mientras el país enfrenta un deterioro evidente de la seguridad, mientras policías y militares siguen........

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