La reciente descertificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia no es un trámite técnico ni una disputa estadística: es un parte de guerra diplomático que revela las fisuras de la política exterior del gobierno de Gustavo Petro y anuncia un viraje inevitable en las relaciones bilaterales. Washington declaró que Bogotá “ha fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, ubicando al país en una categoría de vigilancia que evoca los días más tensos de los años noventa. Las cifras son contundentes. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cerró 2023 con 253.000 hectáreas de cultivos de coca, una cifra histórica, mientras las incautaciones con cifras récord —cercanas a 900 toneladas— no logran compensar el crecimiento sostenido de la producción. Este panorama amenaza un intercambio comercial superior a 14.000 millones de dólares anuales, una cooperación militar cercana a 450 millones de dólares, según documentos oficiales y la Ley de Apropiaciones de EE. UU., y el valioso estatus de socio global de la OTAN, lo que coloca al próximo gobierno frente a la necesidad de reconstruir confianza y lograr mejores resultados.

En este contexto, el presidente Petro ha optado por desconocer la existencia del Cartel de los Soles, pese a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, las acusaciones de la DEA y los reportes de la ONU que documentan redes criminales en la frontera colombo-venezolana. Según Transparencia Venezuela, este entramado generó más de 8.200 millones de dólares en 2024 y canaliza cerca del 24 % de la cocaína mundial, en coordinación con disidencias de las FARC, facciones del ELN, la segunda Marquetalia y carteles mexicanos. Frente a esta evidencia, la negativa presidencial no suena a prudencia diplomática, sino a ambigüedad estratégica que confunde autonomía con poder real.

Esa ambigüedad debilita tanto dentro como fuera. En el plano interno, envía un mensaje inquietante a las Fuerzas Militares y a las comunidades que habitan los 2.200 kilómetros de frontera. Minimizar una amenaza documentada erosiona la moral institucional y limita la capacidad de la Fuerza Pública para actuar con respaldo político y legal, mientras la llamada “paz total” avanza entre disidencias fortalecidas, secuestros en aumento y economías ilícitas que encuentran oxígeno en la falta de decisiones claras. La contradicción entre un Congreso que reconoce el peligro y un Ejecutivo que lo niega fractura la narrativa del Estado, debilita la gobernabilidad y entrega a la oposición un argumento demoledor en plena antesala electoral.

En el escenario internacional, la postura del gobierno afecta la credibilidad de Colombia como socio confiable. Aquí resulta inevitable recordar a Hans Morgenthau, jurista alemán-estadounidense y uno........

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