El reciente anuncio del narcodictador Nicolás Maduro sobre la creación de una “primera zona binacional” en la frontera colombo-venezolana debería encender todas las alarmas en Colombia. No solo por el contenido del plan, sino por algo aún más inquietante: el silencio absoluto del gobierno de Gustavo Petro. Ese silencio no es diplomático, es cómplice. Porque si lo que dijo su camarada es cierto, estaríamos frente a un acuerdo de Estado que compromete directamente la seguridad nacional y se estaría ejecutando a espaldas del Congreso, y, peor aún, de los colombianos.

Petro salió a declarar que el acuerdo con Venezuela “no va en contra de la soberanía”, sino que “propende por un mayor control territorial para ambos Estados”. Pero esa explicación no solo es débil, es peligrosa. ¿Desde cuándo entregar control conjunto de una zona fronteriza con un régimen acusado de narcotráfico fortalece la soberanía? ¿Desde cuándo compartir el territorio con un narcoestado es sinónimo de mayor seguridad?

La pregunta de fondo sigue sin respuesta. ¿Qué es exactamente esa “zona binacional”? ¿Un modelo de integración económica? ¿Un gesto simbólico entre gobiernos vecinos? O más bien, ¿una puerta abierta a la ilegalidad, el crimen y la pérdida de soberanía? ¿Un corredor vial para el narcotráfico? Porque en los hechos, una zona como esa —sin supervisión efectiva del Estado colombiano— podría convertirse en terreno fértil para el tráfico de drogas, de armas, de personas. Un espacio sin ley, ideal para el fortalecimiento de grupos armados ilegales que ya operan con impunidad........

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