Colombia acaba de renovar su Congreso, y con él llega una novedad que pasa casi desapercibida, pero que podría marcar un antes y un después para millones de niños y niñas en el país: por primera vez en la historia, el Congreso contará con una Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (Ley 2498 de 2025). Una comisión permanente, con mandato claro, dedicada exclusivamente a velar porque los derechos de los niños y las niñas tengan voz propia en el debate legislativo.

La noticia no podría llegar en mejor momento. En febrero de 2026, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (el organismo de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño) publicó sus Observaciones Finales sobre Colombia. Es, en términos simples, el diagnóstico más riguroso y actualizado que existe sobre la situación de la infancia en el país, y el mensaje es claro: hay avances, pero hay urgencias que no dan más espera.

Lo que Colombia ha logrado

El informe reconoce progresos reales: reducción de la mortalidad infantil, políticas importantes y un marco normativo que, en el papel, es sólido. En los últimos años se aprobaron leyes significativas: la que prohíbe el castigo físico y los tratos crueles contra niños y niñas (Ley 2089 de 2021), la que creó una unidad especializada en la Fiscalía para investigar delitos cometidos contra menores (Ley 2205 de 2022) y la que eliminó el matrimonio y las uniones maritales tempranas (Ley 2447 de 2025). Son victorias que costaron años de trabajo. Pero el Comité es categórico: tener buenas leyes no es suficiente si no se implementan, si no tienen presupuesto, si no llegan a los territorios.

Las urgencias que señala Naciones Unidas

El Comité identificó varias áreas donde Colombia necesita actuar con mayor determinación.

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La primera es la violencia en el hogar y en los entornos cercanos a los niños. A pesar de la prohibición legal del castigo físico, la norma no se ha traducido en cambios reales. Faltan programas de formación para maestros y profesionales de salud, faltan campañas que modifiquen las normas sociales y falta que los niños y las niñas tengan mecanismos confiables para denunciar cuando sus derechos son vulnerados.

La segunda es la impunidad. El Comité señala que la violencia sexual y la explotación contra niños y niñas siguen siendo, en gran medida, delitos sin consecuencias. Eso no solo es una falla de justicia: es un factor que perpetúa el ciclo. Cuando los agresores no enfrentan consecuencias, la violencia se repite.

La tercera, y quizás la más estructural, tiene que ver con el derecho de los niños y las niñas a crecer en familia. El Comité es contundente: ningún niño debe ser separado de su familia únicamente porque esa familia es pobre. En Colombia, miles de niños y niñas terminan en instituciones de protección no porque sus cuidadores los hayan maltratado, sino porque el Estado no tuvo la capacidad de apoyar a esas familias a tiempo. El Comité insta a Colombia a avanzar hacia la desinstitucionalización progresiva y a invertir mucho más en el fortalecimiento de las familias como primer entorno protector.

A esto se suman los niños y niñas afectados por el conflicto armado, donde el reclutamiento por grupos armados sigue aumentando; y quienes viven en desplazamiento o migración, para quienes el riesgo de separación familiar es especialmente alto.

Una comisión y una oportunidad

Todo esto aterriza directamente en la responsabilidad del nuevo Congreso. La Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia nace con una agenda enorme sobre la mesa: asegurar que las leyes que existen tengan los recursos para implementarse, promover nueva legislación donde haya vacíos y ejercer el control político para que el Estado cumpla sus compromisos con la infancia.

Desde Aldeas Infantiles SOS, organización que trabaja hace más de 50 años en Colombia por el derecho de los niños y las niñas a crecer en familia y libres de violencia, queremos decirles algo a los congresistas que inician su período: al final de estos cuatro años, pocas cosas definirán su legado con más claridad que lo que hicieron —o dejaron de hacer— por la infancia. Esa Comisión es el espacio donde ese legado se construye. Las herramientas están: las leyes, las recomendaciones de Naciones Unidas y organizaciones dispuestas a trabajar de la mano. Que no falte voluntad política para ocupar ese espacio.

La infancia colombiana ha esperado demasiado. Las observaciones del Comité de Naciones Unidas no dejan espacio para más demoras: el diagnóstico está hecho, las recomendaciones están escritas y las leyes, en buena parte, existen. Lo que viene ahora depende de la voluntad de quienes ocupan las curules. La historia juzgará si este Congreso estuvo a la altura de las niñas y los niños.

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