Pocas veces una autoridad electoral enfrenta un dilema tan perverso como el que atraviesa hoy el Instituto Nacional Electoral y los Oples. La elección del Poder Judicial federal y estatal mediante voto popular —reforma impulsada desde Palacio Nacional— ha colocado al INE en el centro de una trampa institucional cuidadosamente diseñada. Si fracasa, se le acusará de incompetente y se exigirá su transformación. Si logra organizarla con eficacia, se interpretará que puede funcionar con recortes presupuestales, con menor personal y sin autonomía plena. En ambos escenarios, el árbitro pierde.

El nuevo modelo de elección judicial fue aprobado con celeridad, en un ambiente marcado por el desgaste institucional y el triunfalismo de una mayoría legislativa que venía de arrasar en las urnas.

La situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) es aún más dramática. De las 19 entidades que renovarán sus poderes judiciales locales, 12 reportan cero pesos para organizar la elección. Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas operan con menos del 35% de lo solicitado para su funcionamiento anual. En estados como Chihuahua y Tamaulipas las campañas locales deben iniciar el 30 de marzo —al mismo tiempo que las federales— y los OPLE no tienen recursos para hacerlo. El caso de Nayarit es particularmente grave: sufrió un recorte en su presupuesto anual del 66.55%.

Esta asfixia presupuestal genera problemas técnicos casi insalvables. El INE ha tenido que rechazar, por ejemplo, la utilización de boletas en braille para personas........

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