El golpe que el gobierno de Estados Unidos dio al de México, al dar a conocer que tres instituciones bancarias vinculadas al lavado de dinero de cárteles de la droga, una de ellas de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020, ha cimbrado las principales banderas que este gobierno arrió como distintivo de las anteriores administraciones: la honestidad y la lucha contra la corrupción.

A principios de este año el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicó que el gobierno de México ha frenado, en los últimos años, operaciones de lavado relacionado con el narcotráfico por un monto aproximado a los 35 mil millones de pesos. Pero esta acción poco ha impactado en el mundo soterrado del mercado financiero nacional e internacional ligado al narcotráfico.

El funcionario de esta área de la Secretaría de Hacienda reconoció que, ante el mercado del lavado de miles de millones de dólares, poco han logrado para frenarlo. Pablo Gómez denunció que los jueces son el principal obstáculo para el combatir esta barbaridad porque otorgan suspensiones y amparos para protegerlos.

Más allá de esta acusación que no justifica........

© Proceso