Con el anuncio de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización por parte de la presidenta Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, parece que estamos ante un momento crucial para transformar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La nueva ley busca reducir 50% los trámites y que 80% estén disponibles en línea.

La promesa de la simplificación administrativa ha sido un tema recurrente, pero pocas veces se ha materializado de manera efectiva. Desde la época de José López Portillo, pasando por el programa de gobierno electrónico de Vicente Fox, hasta la identificación del trámite más inútil durante la administración de Felipe Calderón, la simplificación ha sido más un discurso que una realidad.

Los mexicanos seguimos enredados en una maraña burocrática que consume tiempo, dinero, paciencia y confianza: en promedio, una persona realiza 486 trámites durante su vida, de los cuales 85% son estatales o municipales, aunque hay gobiernos locales más eficientes que el federal.

La simplificación administrativa es una cuestión de eficiencia, pero requiere la genuina voluntad política de adoptar tecnologías digitales para eliminar trámites innecesarios, hacerlos más sencillos y transparentes, y mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos.

Además, es una herramienta poderosa para combatir la corrupción: reduce la necesidad de interactuar con intermediarios y funcionarios que aprovechan su posición para obtener beneficios personales. Gracias a la irrupción de las TIC, la corrupción deja de ser un problema cultural y se convierte en un asunto técnico, fácil de resolver con la digitalización.

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