CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- México vive una transformación silenciosa y profunda. La conversación pública ya no depende solo de medios, testimonios o documentos verificables. Está condicionada por algoritmos que deciden qué se vuelve tema nacional, qué se viraliza y qué se borra sin explicación. En ese entorno, la inteligencia artificial no solo produce imágenes o textos: produce versiones del país que parecen reales, aunque nunca hayan existido. La Constitución protege la libertad de expresión, pero ese marco nació para un entorno humano, no para uno sintético. La ausencia de regulación ha dejado a la ciudadanía expuesta a montajes, deepfakes, campañas automatizadas y narrativas que se reproducen sin control.

Primero. México carece de una Ley de Inteligencia Artificial y de una Ley de Plataformas Digitales. Las redes sociales operan sin transparencia obligatoria y sin límites claros. Los algoritmos que definen qué ve cada usuario priorizan contenido emocional, polémico o disruptivo. No buscan informar: buscan retener. En ese paisaje, una mentira repetida se vuelve creencia. Un video manipulado genera indignación masiva. Un deepfake puede destruir una reputación en minutos. La presunción de inocencia, protegida por la Constitución, queda anulada por el juicio inmediato de la plaza digital. El debido proceso se contamina por percepciones creadas artificialmente. La vida privada es vulnerada en segundos. Y la propia imagen se convierte en un recurso manipulable. El artículo 6° constitucional queda........

© Proceso