En la dinámica legislativa de un Estado que se pretenda democrático y de Derecho, el debate sobre la reforma de las leyes suele responder a la necesidad jurídica de perfeccionar instituciones o adecuar las normas a la realidad social. Sin embargo, cuando se somete a discusión en el seno parlamentario la modificación de un texto originado en el vicio de la inconstitucionalidad de origen, el análisis no puede limitarse a la simple cosmética penal. Tal es el caso del reciente proyecto de reforma —aprobado en primera discusión— de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Para abordar este asunto con absoluto rigor jurídico, es menester partir de una premisa ineludible: lo que nace viciado en su génesis no se cura con un maquillaje normativo. La referida ley fue sancionada en el año 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuyo mandato constitucional delimitado en los artículos 347 y 348 de la Carta Magna era........

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