La apertura del año judicial en España siempre debería ser un acto solemne, un recordatorio de que el Estado de Derecho es el último dique frente al abuso de poder. Lo preside el Rey, lo organiza el Tribunal Supremo y debería simbolizar la fortaleza de la Justicia independiente. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el acto se ha convertido en un escaparate manoseado por el Gobierno de Sánchez para exhibir a un Fiscal General cuestionado, señalado, cada vez más desprestigiado, e incluso, imputado. Y ante semejante farsa jurídica e institucional, Alberto Núñez Feijóo –el invicto galego do Peares– hizo lo único digno, político, social y moralmente que tenía que hacer no prestarse a blanquearla con su presencia.

El líder del PP ha explicado su postura, por activa y pasiva, con una contundencia aplastante, que paradójicamente, ha escandalizado más a los tibios que a los culpables: «no se puede normalizar que un presunto delincuente se dirija con gesto solemne a los mismos jueces que lo investigan y que, tal vez, acaben juzgándole». El Fiscal General –Álvaro García Ortiz– no es hoy el garante de la legalidad, sino un peón sumiso al servicio de Sánchez. Un fiscal manchado por el escándalo e incapaz de sostener su cargo con dignidad y que se aferra al puesto únicamente porque el Gobierno necesita un comisario político dentro de la Fiscalía.

¿Debe el líder de la oposición participar en ese teatrillo........

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