«Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad; pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder.» Abraham Lincoln

Hay momentos en la vida política de un país en los que las palabras dejan de describir la realidad y empiezan a ocultarla. Se habla de gobernabilidad, de mayorías plurales y de diálogo parlamentario. Pero ese diálogo rara vez se orienta a la búsqueda de consensos reales, sino que convive con una dinámica de confrontación permanente en la que el Gobierno se sitúa como oposición de la propia oposición, a la que responsabiliza de forma reiterada de cualquier mal existente o venidero mientras levanta un muro político que dificulta cualquier alternancia. Tras esa retórica, lo que aparece es algo mucho más simple y mucho más lesivo: un Gobierno que permanece, pero no gobierna; que ocupa el poder, pero no lo puede ejercer. En suma, un poder que está sin ser.

La legislatura actual ha convertido esa paradoja en rutina. Iniciativas legislativas que decaen, decretos trampa que naufragan, votaciones que terminan en derrota, proyectos que se anuncian y se retiran antes siquiera de ser defendidos. El Parlamento, que debería ser el lugar donde se articula la acción política, se ha transformado en el espacio donde se certifica su imposibilidad que se intenta ocultar con la procacidad, la afrenta y el insulto. Y la mayoría de las pocas propuestas que llegan a prosperar, lejos de orientarse a la construcción de un futuro compartido y esperanzador, vuelven la mirada hacia un pasado cargado de agravios que reabre viejas heridas y alimenta la confrontación entre compatriotas.

El origen de esta situación es conocido y no admite mayor misterio: una investidura construida sobre apoyos heterogéneos, cuando no abiertamente contradictorios. Partidos que coinciden únicamente en un objetivo coyuntural: sostener a un ejecutivo frágil convertido en punto de apoyo desde el que cada socio trata de extraer su propia ventaja, pero que divergen de forma profunda en lo territorial, en lo económico, en lo institucional y en lo ideológico. Esa diversidad, presentada como riqueza democrática, ha terminado operando como una limitación estructural. Lo que para investir basta, para gobernar no alcanza.

La consecuencia práctica ha sido la acumulación de derrotas parlamentarias que, lejos de constituir episodios aislados, dibujan un patrón persistente. Proyectos que no superan el trámite legislativo por el voto negativo de quienes sostienen al Ejecutivo. Medidas que quedan bloqueadas porque los apoyos de ayer se convierten en vetos de hoy. Negociaciones interminables que desembocan en textos irreconocibles o, directamente, en su abandono.

El caso más emblemático de esa impotencia operativa es el de los Presupuestos Generales del Estado. Durante tres años consecutivos el país ha vivido sin el instrumento básico de planificación económica de cualquier gobierno. No se trata solo de una anomalía técnica, sino de un síntoma político. La ausencia de presupuestos no refleja únicamente dificultad negociadora; revela la incapacidad de articular una mayoría estable en torno al proyecto gubernamental. Y lo más significativo no es que no se hayan aprobado, sino que, en ocasiones, ni siquiera se han presentado. La renuncia preventiva a someterlos a votación, para evitar derrotas previsibles, constituye la expresión más nítida de un poder que se reconoce incapaz de imponerse.

En ese contexto, el Gobierno transita entre el anuncio y la rectificación, entre la iniciativa y el repliegue. La política se convierte en gestión del día a día, en administración de equilibrios frágiles, en supervivencia parlamentaria. Gobernar deja de........

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