Las evidencias provenientes de informes de control, denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y otras fuentes confirman que cada vez con más frecuencia se produce el abuso del poder en beneficio de los familiares al conseguirles trabajo en el sector público: el Estado en familia.

Esta situación se ha agravado con la flexibilización de las restricciones para la contratación de familiares de altos funcionarios y la reducción del plazo de un año a seis meses para que estos puedan volver a ser contratados por el Estado.

No se trata de prohibir que trabajen en el sector público —eso nunca ha estado vedado—, sino de evitar que lo hagan como proveedores o locadores de servicios. Ahí radica uno de los principales problemas actuales: los conflictos de interés.

Podemos debatir si la flexibilización de estas normas beneficia o no al país (aunque es evidente que sí favorece a los familiares de los altos funcionarios). Sin embargo, lo urgente es adoptar medidas efectivas para........

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