Para el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo los crímenes por violencia de género ya no son asesinatos. Ahora son homicidios. Homicidios por violencia de género. No es un cambio banal, sino una declaración de intenciones y una carga de profundidad a la lucha por el lenguaje que el feminismo libra desde hace décadas. Nombrar es clave. Lo sabe el feminismo, pero también la ciudadanía que salió de forma masiva a las calles de toda España para exigir que no se volviera a llamar abuso a aquello que todo el mundo entendía que era una violación.  

Este cambio en la narrativa sobre la violencia contra las mujeres probablemente complacerá a "los amigos de 40 y 50" de Pedro Sánchez. Cuando están por cumplirse tres años de la entrevista en la que el presidente lamentó los "excesos" del feminismo combativo y, aparentemente molesto, liderado por el Ministerio de Irene Montero, vemos cómo la lucha por los derechos de las mujeres aparece diluida, difusa, aguada, apenas perceptible en el espacio político. No hay grandes titulares, no hay grandes debates ni aprobación de leyes clave.  

El cambio en la terminología comenzó a mediados de enero de este año de forma callada, sin grandes anuncios, sin debate. Una forma de actuar que, se quejan muchas organizaciones y expertas en la lucha contra las violencias machistas, está siendo la tónica habitual del Ministerio desde el inicio de la legislatura. El cambio en la terminología coincide, además, con lo peor de la violencia machista de los últimos años: 10 mujeres asesinadas por violencia de género y dos menores desde el inicio del año hasta el cierre de este artículo. 

Parálisis legislativa   

La recuperación del Ministerio de Igualdad por parte del PSOE tras las elecciones de julio de 2023 marca, además, una etapa de parálisis en materia legislativa. Entre las prioridades marcadas en la agenda del nuevo Ministerio figuraban la aprobación de dos leyes clave para los socialistas: la ley integral contra la trata de personas y la norma para abolir la prostitución. Cuando ha pasado más de la mitad de la legislatura, estas iniciativas siguen sin ser aprobadas ni se conoce a ciencia cierta su estado de tramitación.  

La ley integral contra la trata estaba prácticamente lista para su aprobación antes de que terminara la legislatura pasada y su tramitación había contado ya con la venia de los ministerios de Igualdad, Justicia, Exteriores e Interior. La ministra Redondo parece confiar en que logrará sacarla adelante antes de que finalice la legislatura, pero por ahora no se ha materializado y los tiempos y los apoyos no garantizan su aprobación. 

La segunda norma planteada para esta legislatura desde Igualdad es la que menos consenso genera. Se trata de una determinación del PSOE de abolir la prostitución. Una medida que fue debatida ampliamente en el Congreso durante la legislatura pasada y que fue rechazada con rotundidad por los grupos políticos que apoyaban al Gobierno de coalición. Por ello, aunque Igualdad consiga llevarla al Consejo de ministros en breve, las posibilidades de que prospere son prácticamente inexistentes. 

Sin embargo, la norma que sí se coló en la agenda del Ministerio de Igualdad y que cogió velocidad es la que pretende regular la violencia vicaria. Un cambio legislativo que no estaba previsto al inicio de la legislatura y que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones feministas y las de madres protectoras. La idea inicial del Ministerio era la de crear un tipo penal específico en el Código Penal para esta violencia de género que era neutra al género, es decir, que podía ser aplicado también contra las mujeres y los menores que la norma prometía proteger. Una ley impulsada a pesar de que diversas organizaciones feministas creen que no sólo no es una necesidad, sino que podría llegar a perjudicar en lugar de proteger a las víctimas de esta violencia. Lo llamativo del proceso de finalización de la norma es que las organizaciones de la sociedad civil intentaban contener el riesgo de que la ley produjera más violencia institucional hacia las víctimas, más que aplaudir su texto y necesidad. Finalmente y tras un plante de las organizaciones contra la violencia de género y el Ministerio de Infancia y Juventud, que amenazó con desligarse de la norma, parece que se ha llegado a un texto final con más consenso. 

Lo realmente urgente, insisten las organizaciones de la sociedad civil, es que se cumplan las leyes que se han aprobado en materia de violencia vicaria y protección de la infancia, y que se publiciten adecuadamente.  

Pérdida de visibilidad y acción   

Si hay una característica que resalte desde que el PSOE se instaló en el Ministerio de Igualdad es la falta de visibilidad de la agenda feminista en la acción de Gobierno. Para la sociedad civil resulta tremendamente difícil conocer las acciones y decisiones que se toman en materia de lucha contra la violencia de género. Sobre todo desde que el nuevo equipo del Ministerio suspendió las comparecencias mensuales que realizaba la anterior delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.  

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Desaparecía así un espacio en el que el Ministerio rendía cuentas regularmente sobre los datos, acciones y se exponía a las preguntas de los medios de comunicación y la sociedad civil. Esta decisión tuvo consecuencias directas en una menor presencia de los temas sobre violencia de género en los medios de comunicación, dejando el terreno abonado para que sean precisamente los partidos de la derecha, la ultraderecha y los negacionistas quienes definan la agenda del debate público. 

Las organizaciones de la sociedad civil afirman, además, que no se les reconoce el papel clave que les concede el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que su peso en la vigilancia de las políticas se ha reducido notablemente; que están infrafinanciadas y que sus voces muchas veces no son oídas. Con estos mimbres, aportar soluciones a la lucha contra las violencias machistas se hace cada vez más cuesta arriba. 

Aunque la ministra Redondo llegó prometiendo "reconstruir y recomponer" el feminismo, cuando están por cumplirse tres años de su mandato la brecha sigue siendo abismal y el único punto en el que coinciden expertas y activistas del PSOE y de la izquierda del PSOE es en la pérdida de rumbo de la agenda feminista del Gobierno. No hay rumbo, no hay liderazgo.  

No se trata en exclusiva de una falta de acción de la ministra del ramo, sino de una pérdida de pulso político de la agenda de Igualdad por parte del Ejecutivo. Muchas valoran la cercanía y la disponibilidad de la ministra Redondo para acercarse y escuchar a las víctimas, pero critican la falta de medidas concretas o que se desconozca si se toman acciones. 

La pérdida de pulso político en materia de feminismo no afecta solo al Ministerio de Igualdad y al Partido Socialista. La lucha por los derechos y libertades de las mujeres ha dejado de ser prioritaria también para otros grupos de izquierda. Aunque el feminismo es uno de los elementos de diferenciación ideológica más importantes frente a la derecha y la ultraderecha, muchos de los partidos que tradicionalmente han colocado la lucha por los derechos de las mujeres como una de sus banderas prioritarias parecen haber aparcado esta batalla. Si, como dice Rufián, "ser chungo está de moda", aparentemente ser feminista ha dejado de estarlo.  

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El menor protagonismo de la agenda legislativa en materia de Igualdad está yendo de la mano de un progresivo desvanecimiento del movimiento social feminista que alcanzó su culmen en 2018. Incluso dentro de las filas socialistas se reconoce que la falta de liderazgo del Gobierno en materia de Igualdad ha dejado vía libre al avance de los discursos negacionistas y neomachistas promovidos por la derecha en buena parte del tejido social. Especialmente entre los más jóvenes. Revertir esa apatía feminista será clave para avanzar en medidas que aseguren la igualdad y la eliminación de las violencias machistas en el futuro cercano.

En espera de ver si se materializa la promesa de Redondo de sacar adelante sus dos leyes prioritarias, el hito más importante en materia de feminismo protagonizado por España en estos tres años se produjo en Bruselas hace apenas unos días. El Parlamento Europeo votó por mayoría aplastante, incluyendo los votos del Partido Popular español, la inclusión del consentimiento en la definición de violación sexual. Un texto idéntico al contenido en la ley española y que levantó tantas críticas. El Parlamento Europeo respalda, así, la implantación a nivel europeo de la denominada ley del solo sí es sí. Una norma sacada adelante por el equipo de su antecesora, a pesar de la bronca monumental de los partidos de derechas, el Consejo General del Poder Judicial… y del malestar de algunos "amigos de 40 y 50" del presidente Pedro Sánchez. 

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