Parece que por fin comienza el juicio de la operación Kitchen, uno de los episodios más turbios habidos en la democracia española reciente. Un Gobierno del Partido Popular puso al Estado (ministerio del Interior, Policía y fondos reservados) al servicio exclusivo de salvar su propio pellejo. Se espió y se intentó robar documentación hasta con falsos curas de por medio para que a su extesorero, un siniestro personaje llamado Luis Bárcenas, le resultara imposible difundir todo lo que sabía sobre la caja B del partido en el caso de que llegara a proponérselo. Se llegaron incluso a destruir discos duros a martillazos.

Como han pasado nada menos que trece años del comienzo de esta historia, un pequeño ejercicio de memoria igual no viene mal del todo. En 2013 el PP, primera legislatura de M. Rajoy, ya llevaba seis años investigándose el caso Gürtel, una red de corrupción política de su partido que cada día que pasaba olía peor. La libreta donde el tesorero había ido apuntando los ingresos en negro que el PP recibía, donaciones de constructoras sobre todo, era auténtico oro molido. En ella constaban cuidadosamente anotados nombres, cantidades, quién donaba, quién cobraba, en definitiva cómo se repartía ese dinero entre los altos cargos del partido. Aquello acabó con su propietario en prisión y a los populares les entró el tembleque. Había que hacer algo.

Ese algo es lo que hoy se conoce como caso Kitchen, una maniobra que, con la mayor........

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