De acuerdo con el Instituto Legal de la Universidad de Cornell, una orden de silencio (gag order en inglés) es el término utilizado cuando un juez prohíbe hablar sobre el caso en público a los abogados, las partes o los testigos de una demanda o de un proceso penal.

Se trata de una decisión delicada y calibrada en virtud del derecho a la libre expresión, protegido por la Primera Enmienda. Pero es totalmente constitucional y ha sido validada por la Corte Suprema en el caso Nebraska Press Association vs. Stuart (1976), que decidió, entre otras cosas, imponer una orden de silencio para evitar el peligro de un juicio injusto.

Sin embargo, la orden de silencio no le impide al implicado dar su opinión sobre el juicio, antes o después de entrar en la sala. Solo le imposibilita hablar sobre temas y personas por su posible incidencia sobre el proceso, incluyendo problemas de seguridad.

El expresidente Donald Trump se ha forjado todo un expediente violatorio de las órdenes de silencio. Su posicionamiento ante ellas no es el resultado de incontinencia verbal o de problema psicológico alguno, sino parte de una estrategia bien pensada y articulada para lograr sus objetivos embarrando al sistema judicial vigente y a sus enemigos políticos y enviando mensajes simplones y machacones a sus bases, compuestas abrumadoramente por personas de bajo nivel de instrucción y educación, tanto rurales como urbanas. En eso consiste, en buena medida, su populismo.

El 26 de marzo Juan Merchán, el juez que preside el caso Stormy Daniels en Manhattan, le impuso a Trump una orden de silencio prohibiéndole atacar a testigos, fiscales y jurados en un primer esfuerzo por frenar su retórica.

Merchán lo hizo a petición de la fiscalía del distrito de Manhattan. Según esta, específicamente Trump no podía hacer ni ordenar a otros hacer declaraciones sobre el papel de los testigos........

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