Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posesión de garante, con el objetivo de dotar a las personas de una justicia independiente e imparcial, es escuchar el clamor de la población y de las instituciones vinculadas a la justicia para cumplir en tiempo oportuno con la reforma judicial integral y transversal, como han repetido en diversas oportunidades los doctrinarios e instituciones de la sociedad civil. 

La sociedad considera que el modelo de elección para magistrados en tres periodos desde la vigencia de la Constitución de 2009, es como un volcán irruptor de gases contaminantes, con la diferencia que desde los órganos judiciales no es el ecosistema el que sufre las consecuencias, sino las personas, por la corrupción ascendente en la administración de justicia. El reclamo unísono es reforma judicial y, no como se pretende encaminar, volver a la lava de la corrupción programando elecciones parciales para el 30 de junio de 2026. 

A esta altura de la crisis por más de veinte años de la justicia boliviana, inadmisible resulta que los políticos sigan prestando sus oídos solo cuando precisan del voto para ocupar un curul y padezcan de amnesia cuando se les recuerda de sus compromisos y responsabilidades. 

En el Estado de Derecho-la justicia en el mundo y en la región, estamos en terapia intensiva, al calificar como frágiles y vulnerables la institucionalidad democrática; el narcotráfico ha secuestrado la soberanía nacional en el Chapare y el prófugo de la justicia, expresidente de Bolivia, con mandamiento de aprehensión hace política con todos los privilegios de las MAES institucionales del Estado en la nueva administración de 100 días; hay jueces narcos como........

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