Celebrar la caída del desempleo en Colombia hoy es como alegrarse porque un carro avanza mientras le estamos quitando el motor para venderlo por piezas. Las cifras del DANE nos dicen que la tasa bajó al 9,2%, una cifra histórica para un febrero, pero cuando abrimos el capó de la economía, la realidad es alarmante. No estamos creando riqueza; estamos inflando la nómina estatal. Mientras los sectores que producen —los que siembran la tierra, construyen casas y mueven mercancías— se marchan, la administración pública se expande como una mancha de aceite. Estamos cambiando empleos que generan valor por puestos de oficina financiados con el bolsillo de todos.

Para entenderlo de forma sencilla: imagina que en una familia el hijo que cultiva papá y el que construye casas se quedan sin trabajo, pero el papá decide contratar a tres primos para que le ayuden a llevar papeles y organizar eventos en la sala. Las estadísticas dirán que en esa casa “hay más gente trabajando”, pero la despensa se está vaciando. Hoy tenemos 3,1 millones de personas en la administración pública frente a solo 2,7 millones en la industria. Colombia se está desindustrializando a pasos agigantados, reemplazando empresas o fábricas por burocracia que, aunque necesaria en su justa medida, no produce los bienes que el país necesita para prosperar.

El “truco” de este gobierno ha sido reetiquetar el gasto público como éxito laboral. Es incomprensible que en un país con brechas educativas tan profundas y una productividad estancada, “exploten” las vacantes en actividades científicas y servicios técnicos de la noche a la mañana. La realidad detrás de esos 244.000 nuevos puestos en el sector público es el clientelismo y la dependencia del Estado. No es crecimiento orgánico de la economía; es una nómina política inflada con contratos de prestación de servicios que solo sirven para inflar el ego de los gobernantes de turno mientras se hipoteca el futuro fiscal del país.

Lo más doloroso ocurre en el campo y las carreteras. La pérdida de 363.000 empleos en la agricultura y 86.000 en el transporte es una herida abierta en el corazón productivo de la nación. Si el campo cae, la comida se encarece y el país se empobrece; si la construcción se frena, se detiene el sueño de vivienda de miles y el motor de la infraestructura. El gobierno parece ignorar que el bienestar social no nace de un decreto o de una oficina en Bogotá, sino de la capacidad de los sectores de oficios para generar excedentes y empleo estable. Sin agricultura ni construcción, solo nos queda un país de servicios que no tiene que servir.

Hablemos ahora del “rebusque”, ese eufemismo que usamos para la informalidad y que hoy abraza a casi 10 millones de colombianos. El aumento de 341.000 personas trabajando por cuenta propia es el síntoma inquieto de un mercado enfermo laboral. El incremento del salario mínimo, vendido como una victoria “vital”, terminó siendo una barrera infranqueable para el pequeño empresario que ya no puede contratar formalmente. El resultado es previsible: más gente vendiendo lo que puede en las calles y menos personas con seguridad social y estabilidad real. Hicieron política con el bolsillo ajeno y la factura la está pagando el trabajador que hoy no encuentra una empresa seria donde crecer.

A mediano plazo, este modelo es una bomba de tiempo. Un Estado que gasta lo que no tiene en burocracia mientras asfixia a sus sectores productivos termina necesariamente en crisis. No hay impuestos suficientes para mantener a millones de funcionarios si no hay industrias que generen esos impuestos. Estamos creando una sociedad de “dependientes del contrato estatal”, donde el talento joven ya no sueña con emprender o innovar, sino con lograr una palanca política que le asegura un puesto en alguna entidad pública. Esa es la muerte lenta de la innovación y la competitividad.

Finalmente, debemos entender que la empleabilidad real no se decreta, se cultiva. Colombia necesita estrategias que incentiven la formalización en el campo y la industria, no más puestos de “servicios administrativos” o “entretenimiento” que dependan del vaivén electoral. Si no corregimos el rumbo y devolvemos el protagonismo a los sectores de oficios, terminaremos con una tasa de desempleo envidiable en el papel, pero con un país productivamente quebrado y socialmente fracturado. Es hora de dejar de celebrar el espejismo y empezar a reconstruir el motor de la economía real.

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