¿Es siquiera posible pensar que las sentencias proferidas por la JEP constituyen un instrumento de reconciliación nacional? ¿Las penas impuestas reparan y restauran a las víctimas? ¿Será que esas decisiones, después de siete años de total impunidad, es un modelo de justicia que contribuye a la paz? ¿Están las víctimas en el centro del proceso? La comunidad, no sólo de colombianos, responden estos interrogantes de manera negativa.

Y es que las recientes decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz en los macrocasos de secuestro y falsos positivos confirman una tendencia alarmante: la sustitución de la justicia por condenas simbólicas, que terminan premiando a victimarios y revictimizando a quienes sufrieron sus crímenes.

El pueblo colombiano presentía que ese desenlace era el que se iba a realmente dar de ese mal llamado proceso de paz, por eso la mayoría votó por el NO, voluntad popular que fue desconocida.

El 16 de septiembre de 2025, la JEP profirió una sentencia de 663 páginas en el caso 01, titulado “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”. Desde el inicio, la denominación generó rechazo: evitaron llamarlo por su verdadero nombre, secuestro.

El secuestro que no se llama secuestro. En este fallo se reconoce la existencia de crímenes de lesa humanidad como secuestros sistemáticos, tratos crueles y........

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