En tiempos en que los recursos naturales estratégicos reconfiguran alianzas y tensan soberanías, la presión ejercida por la Federación de Rusia sobre la Asamblea Legislativa de Bolivia para acelerar la aprobación del contrato para la explotación del litio con la empresa rusa Uranium One Group trasciende, de manera inquietante, los márgenes de la diplomacia convencional.

Invocando el argumento de que se estaría postergando la creación de empleos e inversiones, el embajador Dmitry Verchenko no solo calificó de “excesiva” la demora del Órgano Legislativo boliviano, sino que lo hizo públicamente, sin utilizar el canal natural de la Cancillería, que –por su parte– ha optado por el silencio ante un comportamiento que, en otras circunstancias, habría ameritado al menos un llamado a la moderación, si no una nota diplomática.

Estas gestiones, aunque en apariencia pragmáticas, rozan la injerencia y desdibujan la línea entre representación diplomática y presión política.

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