El análisis que propone abordar la crisis actual mediante la anulación de la orden de aprehensión contra Mario Argollo y otros plantea un dilema tan viejo como la política misma: ¿se puede sacrificar la justicia en el altar de la paz social?

Ante una ciudad de La Paz que cumple más de un mes bajo un cerco inhumano, desprovista de oxígeno medicinal y asfixiada económicamente, el pragmatismo de la propuesta es comprensible, incluso tentador. Sin embargo, apagar el incendio de hoy hipotecando los cimientos del Estado de derecho para el mañana es un riesgo que Bolivia no puede permitirse. La ley existe para hacer justicia, no para calmar a los violentos.

Apelar al uso de la fuerza mediante un estado de excepción, de forma irresponsable es, ciertamente, un camino complejo. La memoria colectiva de los años 2000 y 2003 nos recuerda que la represión estatal desmedida en contextos de alta polarización social suele actuar de acelerador de la violencia.

Sin embargo, la salida no puede ser la capitulación. No se trata “solo” de administrar conflictos de forma coyuntural ni de ceder sistemáticamente al chantaje. Para evaluar si el pragmatismo de "ceder hoy para pacificar" realmente funciona, vale la pena recordar a Carlos Mesa, quien en su momento "amnistió" a los golpistas del año 2003, y preguntarse seriamente si ese modelo funcionó o si, por el contrario, solo pavimentó el camino para la........

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