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El daño está hecho: el viejo Poder Judicial ha sido destruido. Lo positivo que pudo tener se ha perdido en aras, supuestamente, de eliminar la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia. Con el agua sucia se tiró al niño y nada garantiza que en el nuevo orden no vaya a haber los mismos vicios que se buscó erradicar.

El saldo del inédito proceso de someter al voto popular a toda la estructura del Poder Judicial no es halagador. Y no es por el decir de los críticos: la propia secretaria de Gobernación en funciones advirtió a mediados de junio, apenas dos semanas después de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de 2025, que la reforma judicial requiere correcciones mayores. Aunque no precisó cuáles pudieran ser, sí advirtió que se deberán reconsiderar cada uno de los pasos y contar con la opinión de los expertos electorales.

Es por ello que pareciera conveniente revisar el proceso y señalar posibles elementos que mejoren la reforma judicial, en el entendido de que será sumamente difícil que se elimine el trámite electoral para la designación de cargos, al menos en la parte superior de la estructura del Poder Judicial.

Un primer punto tendría que ser reconsiderar el alcance de la reforma. Como en su momento se sometiera a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)1 en la ponencia del ministro González Alcántara Carranca, habría primero que nada que aceptar que existen dos niveles diferenciables en el aparato judicial: por un lado, los puestos que nunca formaron parte de la estructura meritocrática ni de la carrera judicial; por otro, los que formaban ese entramado de especialización y experiencia que constituye la amplia base del Poder Judicial.

Las posiciones superiores, para las que la referida ponencia proponía que se aceptara la reforma en sus términos, siempre........

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