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Los periodistas solemos creer que las historias comienzan con un expediente. Una denuncia. Un acta. Una declaración ministerial. Esta comenzó con otra cosa: un video. Un profesor con veinticinco años de antigüedad. Una denuncia por abuso sexual. Un suicidio. Horas después, millones de reproducciones. Días después, una ley con nombre propio.

El 14 de julio, una estudiante del plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra el profesor Alberto Israel Jasso Cruz. De acuerdo con el relato que el propio profesor hizo en video, la joven lo acusó de haberla tocado en seis ocasiones durante un mismo día, situación que habría derivado en una crisis de ansiedad de la estudiante por la que requirió de atención médica.

Una semana después, el 21 de julio, Jasso Cruz habría sido hallado sin vida en su vivienda, pero antes de morir, grabó un video de poco más de tres minutos en el que, sin levantar la voz ni mostrar enojo, sostuvo que la denuncia era falsa, cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia y explicó por qué no pensaba enfrentar el proceso penal.

“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario”, afirmó. Después sostuvo que en este tipo de casos la presunción de inocencia no se respeta y aseguró sentirse en desventaja frente al sistema judicial. Insistió en que su decisión debía entenderse como “un acto de rebeldía” y “un sacrificio” para llamar la atención sobre lo que consideraba fallas estructurales del sistema de justicia mexicano, al que acusó de ser corrupto y de provocar un desgaste económico, emocional y social para las personas denunciadas.

La Fiscalía General de........

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