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El debate en torno a la reforma judicial en México ha estado marcado por la confrontación de narrativas. Por un lado, la del discurso oficial impulsado inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador –y continuado por el gobierno de Claudia Sheinbaum– apunta hacia la corrupción endémica y la falta de rendición de cuentas como los principales males que aquejan al poder judicial, a quien también se le atribuye la enorme impunidad que existe en el país. Con ello se ha fortalecido la idea de un sistema que, por encima del bien común, protege a los grandes intereses económicos y políticos, y que presenta la reforma como una respuesta necesaria para democratizar la justicia y acercarla al pueblo mediante la elección popular de jueces, ministros y magistrados.

Por el otro lado, desde dentro del propio poder judicial, muchas voces advierten que esta propuesta puede desmantelar la autonomía judicial y vulnerar las bases del Estado de derecho. Esta visión crítica se sostiene tanto entre quienes optaron por dejar sus cargos como entre quienes, pese a todo, decidieron mantenerse en el sistema bajo las nuevas condiciones.

La complejidad de la reforma trasciende la mera intención de combatir la corrupción, el nepotismo o la parcialidad de casos concretos. Abrir al escrutinio público las funciones de un mecanismo históricamente autónomo debe enmarcarse por igual en la idea creciente de un régimen en control absoluto del aparato de Estado. La idea no es privativa de quienes optaron por abandonar sus cargos como juzgadores, aludiendo a la falsa premisa con la que se promueve el proceso de elección, sino también de quienes decidieron continuar su ejercicio, así sea bajo las reglas dictadas por esta enmienda.

“Sin duda, la corrupción y la falta de transparencia han sido problemas históricos en el sistema judicial y han generado una desconfianza profunda en la sociedad”, dice Froylán Borges Aranda, magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México. “La reforma busca responder a esa realidad social introduciendo mecanismos que, en teoría, permitirían una mayor rendición de cuentas a través de la elección popular de jueces”, añade el magistrado, quien decidió postularse para dar continuidad a sus tantos años en el cargo.

“No obstante, reducir la reforma únicamente a un combate contra la corrupción sería simplificar demasiado el panorama. También influyeron factores políticos y estratégicos, en particular la intención de abrir al escrutinio público a un poder tradicionalmente autónomo. Es difícil imaginar que esta reforma habría avanzado sin el argumento de la corrupción, pero su alcance trasciende ese punto: representa un cambio de paradigma en la relación entre el poder judicial y la sociedad, cuyas consecuencias aún están por verse.”

La perspectiva del magistrado introduce una capa de análisis que tanto el ejecutivo como el legislativo han evitado. Ejemplos de fallos judiciales escandalosos, historias de nepotismo y arrogancia, sobran. Sin embargo, la ecuación que exhibe los vicios del poder judicial no es exclusiva. Quedan fuera de ella la enorme corrupción de los cuerpos de policía y del ministerio público, dependientes del poder ejecutivo. Es en ambas instancias donde se encuentran los grandes pantanos que cruzar cuando se busca justicia.

La desconfianza ciudadana es la causa principal por la que solo uno de cada diez delitos es denunciado, de acuerdo con el Inegi, y de las carpetas de investigación que llegan a abrirse, solo el 0.8 por ciento termina en los juzgados. Los efectos de la reforma son impredecibles, como señala Borges Aranda. Pero su puesta en marcha deja de momento un primer grupo de........

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