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A dónde y cómo llegamos

Quiero comenzar con una breve reflexión para hacer conciencia sobre la excepcionalidad y, al mismo tiempo, cotidianidad del tema. No se trata de que hayamos descubierto que el crimen organizado siempre ha tenido una relación amplia y compleja con la política, porque eso está documentado desde los primeros estudios sobre el narcotráfico, sino que ahora, a partir de los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha, esa relación se ha vuelto el asunto nodal de lo que genéricamente hemos llamado el problema del narcotráfico.

En el sexenio de Felipe Calderón los temas centrales fueron las drogas –uno de los principales debates era el de su legalización, pues el tráfico de estupefacientes constituía la principal actividad de las organizaciones criminales– y la violencia, en concreto los homicidios; también comenzó a discutirse intensamente la militarización. El tema de las víctimas, introducido por Javier Sicilia a raíz del asesinato de su hijo a fines del sexenio de Calderón, alcanzó preponderancia, ya en tiempos de Peña Nieto, con la masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la lucha de sus padres por dar con ellos. A causa de ese tema, la incompetencia de la procuración de justicia y la participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado ocuparon muchos titulares. En esos dos gobiernos también escandalizó la creciente intromisión de los cárteles en la política: por ejemplo, con el sometimiento de alcaldes michoacanos a la Familia y la famosa colección de videos de “La Tuta” con el hijo del gobernador y muchos otros funcionarios.

En los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum dos asuntos han alcanzado una incidencia insospechada: los desaparecidos y la colusión de políticos con el crimen organizado. No era fácil lograrlo teniendo en cuenta el resto de los problemas: el auge en la producción de fentanilo, los 200 mil homicidios en el sexenio de López Obrador, la militarización total de la seguridad pública, la procuración de justicia politizada e incompetente, la megadiversificación delictiva que generó dos nuevos mercados ilegales igual o más rentables que el narcotráfico, el cobro de piso y el huachicol fiscal. Además de todo eso, el fenómeno que marca a la 4T es la profundización de la relación entre política y criminalidad que se ha condensado en un concepto: narcogobierno.

Así, en las últimas dos décadas han sido muchos los temas asociados a la estructura criminal del país y, aunque entre ellos siempre ha estado presente su relación con la política –de ahí su cotidianidad–, veinte años después nos encontramos con que se ha convertido en la marca, el signo que perseguirá a la cuarta transformación, ya no una de sus facetas, sino su marca esencial.

No era un fenómeno necesario, inevitable. La responsabilidad mayor, pero no única, es de los gobiernos morenistas y de su líder, quien, con los “abrazos y no balazos” y el pacto de impunidad para los miembros de la 4T, envió los mensajes necesarios y pertinentes a delincuentes y políticos. A los primeros les dijo que no los perseguiría, que el territorio era suyo; a los segundos –ávidos, además, de riquezas prontas y abundantes– les ordenó que todo se valía con tal de mantenerse en el poder. Se juntaron el hambre con las ganas de comer, lo que resultó en múltiples y nuevas formas de asociación criminal. De ahí su excepcionalidad, pues esa relación ha alcanzado niveles de profundidad y gravedad que apenas se vislumbran en la expresión narcogobierno.

En 2012, cuando escribía la Historia del narcotráfico en México, descubrí una categoría para comprender el proceso mediante el cual el crimen organizado se apoderaba del Estado: la captura y reconfiguración de las instituciones públicas. Es un concepto que analiza formas de aplicar la famosa ley de “plata o plomo” por parte de los grupos delictivos a policías y funcionarios para obtener protección y que son más avanzadas que el soborno y la amenaza. Se trata de “una corrupción avanzada y compleja” que busca obtener no solo protección y beneficios económicos, sino también políticos y de legitimación; mantiene una coerción permanente y establece alianzas políticas que complementan los sobornos; afecta diferentes instituciones estatales y dependencias gubernamentales. Todo ello para obtener validación política y legal de largo plazo.1

Este concepto de convivencia entre política y crimen es percibido por los ciudadanos de manera muy tangible: el grupo criminal –en términos de sicarios y armamento más fuerte que las policías locales y estatales, pero no que las federales– impone su poder en los municipios porque las autoridades son incapaces de defender la vida de los funcionarios y servidores públicos; es una relación asimétrica, producto de la creciente militarización de los grupos criminales y del olvido y abandono histórico de las instituciones de seguridad, especialmente las locales, por parte del Estado mexicano.

Recuerdo un reporte que conocí siendo director del Cisen sobre una reunión a la que convocó el líder de la Familia Michoacana, Servando Gómez, alias “La Tuta”, con más de veinte alcaldes recién electos. El objetivo era informarles que él sería su jefe; les entregó la lista de directores de seguridad municipal que tenían que nombrar, así como instrucciones de cómo debían proteger sus actividades y asegurarle los contratos de obra pública a la constructora propiedad del grupo criminal.

Una recuperación de testimonios de alcaldes y policías municipales de varias partes del país al respecto es muy similar. Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, Michoacán en 2014, declaró que era víctima de extorsión como otros presidentes municipales. Describió el pago como una especie de “seguro de vida”: no era una aportación voluntaria ni una adhesión ideológica, sino el precio para permanecer en el cargo y conservar la vida. Justo Virgen, alcalde de........

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