La vivienda protegida (VPO) nació para garantizar un mínimo de justicia social e impedir que el mercado expulsara a los más débiles. El precio de las viviendas de protección oficial no se fija libremente, sino que está limitado por la normativa autonómica, lo que garantiza que las VPO se mantengan accesibles para familias con ingresos medios o bajos.

Cuando una promoción entera de vivienda protegida acaba beneficiando a cargos municipales, técnicos del propio ayuntamiento y familiares de altos responsables políticos no estamos ante un error: es un regalo que todos pagamos disfrazado de política social, especialmente obsceno porque el mismo partido que predica el mercado libre y el esfuerzo individual suspende esas reglas cuando se trata de vivienda pública.

Esto ha ocurrido en Alicante, donde gobierna el Partido Popular. La construcción de una urbanización ubicada junto a la playa, de protección pública, de tres y cuatro dormitorios, y con zonas comunes con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, está en el centro de la polémica.

El precio medio de cada vivienda rondaba los 215.000 euros, pero ha habido numerosos chanchullos en la venta de los pisos. Legalmente debían venderse a ese precio, pero en algunos casos se promocionaban ilegalmente hasta el doble, por supuesto en negro antes de entrar en la notaría.

Por otra parte, para acceder a un piso de VPO el límite de renta era de 60.000 euros anuales, lo cual no parece muy ajustado dado el salario medio en nuestro país. Ahora han comenzado las dimisiones y, en algún caso, los expedientes, pero nadie ha renunciado al piso. Veremos que dicen los tribunales.

A la concejala de urbanismo le tocó un espléndido piso, pero era el primero y no le convencía, por lo que decidió quedarse con el quinto y que su suegro accediese al primero. El arquitecto de la promoción y dos hijos y un sobrino de la encargada de contratación pública también obtuvieron una de estas viviendas.

Una lista a la que también se han sumado, hasta ahora, la mujer del director de gabinete de la Consellería de Turismo, sagas familiares muy conocidas en la ciudad, hijos de notarios, etcétera. Vamos, que no es el típico edificio de protección oficial. Ojo, nadie sabía nada.

A ver si me aclaro. El Partido Popular preocupado por los inquiokupas, que no se lo que son, y que se niega a aprobar el escudo social porque los protege tiene okupas en las VPO de Alicante. Deberíamos mandar a las fuerzas del orden a desahuciar a concejales y familiares, y si no, a Desokupa.

Tal vez es el caso más sangrante, pero en eso están convirtiendo la vivienda protegida en muchas zonas de nuestro país, y así seguirá hasta que se tomen medidas claras. Como bien expresa un periodista alicantino: se habla de una «urbe para gente pija» donde, en lugar de herramientas de trabajo, se escuchan los golpes de las raquetas de pádel. ¡Beltrán, nos vemos en el club social!

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