La semana pasada, el presidente Gustavo Petro ordenó liquidar las EPS “quebradas”. Con lo que se conoce, es poco viable que lo pueda lograr en lo que queda de gobierno: la normativa pone limitaciones, los tiempos son ajustados y hay precedentes judiciales que pueden tumbarla. Pero como el gobierno está decidido a sacar su fallida reforma a la salud a toda costa, eso no necesariamente lo disuadirá.

Petro ordenó algo que él mismo había rechazado en el pasado. “Es una gran estafa a la red pública y privada hospitalaria”, escribió sobre los efectos de las liquidaciones en junio de 2025. Ahora, resignado por el “sabotaje” del Congreso con su reforma, Petro se va por una “salida [no] tranquila y negociada”, que puede terminar siendo una liquidación para el sistema.

La salida que entre líneas ha sugerido —que Nueva EPS asuma los afiliados— también enfrenta retos: las normas solo lo permiten parcialmente y, dada su debilidad financiera y operativa, es improbable que esta EPS lo logre.

Por qué es inviable y las señales de que eso no detendría a Petro

La decisión de Petro pareció repentina. Pero hace un año ya había dicho que las EPS debían liquidarse si no pagaban sus deudas. Y este año, dos semanas antes del anuncio, había advertido que “si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley”. La orden final llegó luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió el decreto que reubicaba territorialmente a millones de afiliados entre EPS. 

“El tribunal, al tumbar eso, acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS”, dijo Petro en el consejo de ministros. Antes de ese, el Consejo de Estado también había suspendido otro decreto que ponía en marcha varios puntos de su polémica reforma, como el énfasis en la atención primaria y cambios en el rol de las EPS. Otros decretos posteriores quedaron sin piso, según expertos.

El patrón se repite: cada vez que la institucionalidad le cierra una puerta (el Congreso, las cortes, los tribunales) Petro abre otra (con frecuencia, a las patadas). Intervino a las EPS más grandes del país pocas horas después del primer hundimiento de su reforma. Reorganizó el sistema por decreto. Y ahora ordenó la liquidación cuando los jueces le tumbaron el decreto de reordenamiento. Si se ejecuta esta última decisión, también es probable que Petro se estrelle con la institucionalidad, como en los otros casos.

La orden que Petro dio para liquidar las EPS “quebradas” fue a sus ministros de Salud y de Hacienda. Pero, legalmente, eso no basta para que ocurra. La única entidad que puede ordenarla es la Superintendencia de Salud, con un acto administrativo fundamentado en causales técnicas específicas. Para Paul Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario, que el presidente lo hubiera ordenado así públicamente “puede ser usado por un juez para decir que realmente no hubo un estudio técnico, sino una motivación política”.

Tampoco está definido el concepto de “quebradas”. Una interpretación que surgió entre varios expertos y actores del sistema fue que serían las ocho EPS que hoy están intervenidas: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud. La alarma fue grande porque, sin Nueva EPS, esas EPS acumulan más de 12 millones de afiliados.

Sin embargo, en el mismo consejo de ministros, Petro dijo que “todas las EPS están quebradas, intervenidas y no intervenidas”. Y, en un trino posterior a su anuncio, dijo que las EPS estaban quebradas porque “no tenían reservas técnicas”.

Pero esa causal no es la única que ha usado la Superintendencia para liquidar una EPS.

En el gobierno Petro, sus cuatro liquidaciones (Comfamiliar........

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