“Si Milei, Carrasquilla y Petro hicieran una tributaria juntos, el resultado sería esta ley de rescate”, dice un banquero que pide reserva de su nombre, nervioso por la metáfora. La Ley de Rescate Económico, como la llama el gobierno de Abelardo De la Espriella, fue presentada con un evento de tarima en la plaza de Bolívar por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ante poco público y sin preguntas de la prensa. 

Es la ley más esperada del nuevo gobierno, pues se presenta como la solución a la grave crisis fiscal que heredó del gobierno de Gustavo Petro, y viene a recortar un abultado Presupuesto aprobado por decreto tras un error de trámite en el Congreso. Sí hace lo que llevan pidiendo los expertos desde hace mas de 4 años para solucionar la crisis fiscal. Trae una fuerte tijera al gasto público, por medio de poderes extraordinarios para que De la Espriella recorte el Estado por decreto presidencial. De otro lado, una reforma tributaria que evoca al mismo tiempo los impuestos propuestos que el Congreso le rechazó a Petro y los que la calle le cobró a Alberto Carrasquilla en 2021. Entre ellos, varios muy impopulares, como más IVA a la gasolina, al café, los granos y a las frutas y verduras.

La ley tiene 106 artículos y busca, entre recortes y nuevos impuestos, recuperar 3,58% del PIB en 2028 y en 4,09% en 2030, según la exposición de motivos. Es una reforma muy ambiciosa que será difícil de sacar del Congreso pero ataca de frente los problemas fiscales. Golpea a la clase media, clave en la victoria de De la Espriella, ayuda a las empresas en impuesto de renta, a los ricos reduciendo el umbral del impuesto al patrimonio, pero aumenta el costo del empleo formal.

Estas son las claves del proyecto:

Your contribution is appreciated.

1.Le da un poder extraordinario al presidente

De la Espriella llegó al gobierno prometiendo un recorte del 40% del Estado. Esta ley se queda corta, pero hace parte del tijeretazo que les prometió tanto a los electores como a los inversionistas. Nadie ha logrado algo similar desde que Álvaro Uribe pegó varios ministerios en su primer mandato. Y nadie había pedido tantos poderes para hacerlo desde entonces. 

El artículo 7 le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para “suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos, así como determinar o modificar su denominación, objetivos, estructura orgánica”. También para “suprimir, fusionar, escindir y cambiar la naturaleza jurídica” de superintendencias, agencias, unidades administrativas especiales y establecimientos públicos. 

Eso le permitiría al gobierno, sin volver al Congreso, desde cambiarles el nombre a las entidades hasta fusionarlas, eliminarlas o convertirlas en otro tipo de entidad. La idea ya la había propuesto el uribismo en un proyecto de los senadores Juan Caicedo y Julia Correa.

 “Lo que se había demostrado hasta ahora es que las reformas tributarias no estaban siendo exitosas en aumentar el recaudo. Después de las reformas tributarias en los últimos 30 años, había que intentar algo diferente. Y esto es algo diferente”, dice Armando Armenta, economista sénior de AllianceBernstein.

Desde sectores críticos al gobierno expresan temor por la falta de los límites al poder otorgado a De la Espriella. “Hay unas consecuencias que me parecen muy peligrosas, muy preocupantes”, dice Simón Gómez, director del centro de pensamiento económico petrista Centro Vida. Para él, es una reforma constitucional “por la vía de atrás”: “La Constitución consagra los derechos, y construir los derechos en el tiempo ha necesitado una institucionalidad que lleva 30 años de construcción”. Gómez también critica la comisión de seguimiento que crea el artículo, de dos senadores, dos representantes y cuatro funcionarios del gobierno.

El artículo pide que el recorte empiece por los cargos directivos y asesores, las vacantes y los empleos temporales, y que una entidad fusionada no cueste más que la suma de las que se fusionaron. También protege a las madres y padres cabeza de familia, a las personas con discapacidad y a quienes estén a tres años de pensionarse.

No son las únicas facultades. El artículo 96 le da al gobierno otros seis meses para cambiar el sistema de carrera de la Dian. Según el exdirector de esa entidad Luis Carlos Reyes, la ley “permitiría eliminar los concursos anuales para ingresar a la Dian y regresar a la práctica de nombrar a miles de funcionarios”.

La ley también propone un recorte al gasto y los salarios de los funcionarios del Estado. Obliga a que el gasto de personal del Presupuesto, sin contar la fuerza pública, baje 20% en 2028, unos $9,6 billones según Hacienda. El gobierno no especifica si el ajuste será suprimiendo cargos, lo........

© La Silla Vacía