La última apuesta del gobierno Petro para bajar tarifas de energía se juega en un proyecto de ley de diez puntos que propone el ministerio de Minas y Energía, y que todavía está socializando antes de presentarlo al Congreso. El ministro Edwin Palma ha recorrido varias ciudades del país para recoger comentarios, en unas rondas que terminarán el 25 de julio en Bogotá. Palma le dijo a la Silla Vacía que el propósito es presentarlo, incorporando los ajustes, la primera semana de agosto. 

Llega al último año del Congreso con el empuje de la aprobación de la reforma laboral. “Ya lo demostramos con la reforma laboral. Cuando el pueblo quiere, el Congreso puede”, dice Palma sobre el proyecto que aunque se presenta para bajar tarifas de la luz, busca múltiples ajustes en el sector energético. Un punto que cuestionan críticos como Javier García, de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos: “pretende tumba un bosque para cazar un mirlo”. 

Palma dice que han recibido 200 observaciones, y es optimista de su aprobación en el Congreso: “Esperamos que el Congreso esté a la altura de las necesidades del pueblo. Ya el pueblo juzgará quién o quiénes les resolvieron ese problema”, dice sobre un trámite que se dará en medio de la campaña de reelección de la mayoria de congresistas. Además, se trata de un tema cercano al ciudadano que podría encajar dentro de una eventual consulta popular. 

Estos son seis puntos del proyecto de ley más ambicioso del MinEnergía alrededor de los cuales hay diferencias entre el gobierno y voces del sector, que se suman a las versiones contrapuestas que tienen sobre la caída del precio de la energía:

El proyecto se propone atacar varios frentes al tiempo. Primero, busca resolver el lío de la deuda acumulada con las empresas por la opción tarifaria, una decisión que tomó Iván Duque en pandemia para congelar los costos de las tarifas eléctricas y que fue asumida por las comercializadoras de energía. A mayo de este año esa deuda ascendía a $2.9 billones de pesos. 

El presidente Petro se había comprometido, en mayo del año pasado, a asumir el pago de esa deuda (la que recaía sobre los estratos 1, 2 y 3), pero el proyecto de ley refleja que esa vía ya no la contempla el gobierno. Lo que busca es que la deuda con los comercializadores de energía la paguen los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y los sectores no residenciales, como comercio e industria. 

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, la considera una medida injusta. “De aprobarse, además del pago de su deuda por el mismo concepto, los estratos 4, 5 y 6 (que representan menos del 20 por ciento de los usuarios) tendrían que asumir también el pago de la deuda ajena, que nada lo justifica. Ya los estratos 5 y 6, además de su deuda por la Opción Tarifaria, vienen pagando una contribución del 20 por ciento sobre el valor de su consumo para subsidiar estratos 1, 2 y 3”, dice.

Sobre este punto, Andesco, que reúne distintos gremios del país,

© La Silla Vacía