Estamos cerca de elegir a quien dirigirá el destino de nuestro país por cinco años y para ello, tenemos un pelotón de postulantes, 36 para ser precisa. Por mandato constitucional (art. 118), quien sea elegido presidente dirigirá la política general de gobierno, velará por el orden interno, administrará la hacienda pública, entre otras atribuciones. Los ciudadanos tenemos el poder-deber de elegir a quien guiará nuestro destino como país.

Los candidatos presidenciales han expuesto sus propuestas sobre uno de los problemas que nos agobia: la inseguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Tenemos una lluvia de propuestas para enfrentar a la criminalidad, que pasan desde la pena de muerte, la cadena perpetua, el trabajo forzado, las cárceles con serpientes, etc. Hay un festival de ofertas sobre quien ofrece más mano dura contra la delincuencia, como si el problema se agotara con ello.

Otros ofrecen desarrollar una mayor inteligencia policial, dotar de mayor armamento y patrulleros a la PNP; sin embargo, ningún candidato ha explicado de dónde se va a obtener el presupuesto para su implementación. Esto es importante precisar, sobre todo si en estos últimos tiempos, los grupos políticos que integran el Congreso vienen aprobando leyes que aumentan el gasto público y exoneraciones tributarias.

Se mira el árbol pero no el bosque

Se pretende luchar contra el crimen sin visibilizar las causas que lo generan; por ahí, algunos candidatos como Mesias Guevara y Jorge Nieto pusieron en la palestra a las leyes que este Congreso ha aprobado para beneficiar el juzgamiento y sanción de los criminales; para proteger los dineros ilícitos que ingresan a la economía, vaciando de contenido a la Ley de extinción de dominio; y ni qué decir del allanamiento a las moradas de los investigados, donde el factor sorpresa (propio de ese tipo de actuaciones) ya no es posible,........

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