Es probable que en la primera semana de mayo se retome el debate sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que cursa en el Congreso de la República. Lo que ocurra con este proyecto de aquí al 20 de junio será definitivo para garantizar el derecho al debido proceso de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, desde el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, a finales de 2022, el Gobierno actual ha intentado en cinco oportunidades socavar el Acuerdo de Paz.

En este acuerdo quedó muy claramente establecido que serían los jueces de la República quienes decidirían los conflictos de la propiedad, posesión, ocupación y uso de la tierra rural. El Gobierno pretende que la Jurisdicción Agraria haga todo lo contrario: que la Agencia Nacional de Tierras sea la dueña de las decisiones que hoy son competencia de los jueces.

La insistencia del Gobierno en eliminar garantías judiciales para los habitantes del campo también desconoce el Decreto Ley 902 de 2017, expedido en desarrollo del Acuerdo de Paz. Este decreto creó un procedimiento único, compuesto por una fase administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y una fase judicial que garantiza que la decisión final de todos los procesos agrarios será tomada por un juez de la República.

Uno de estos lamentables intentos es el texto del artículo 9° de la ponencia para el debate del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que se realizará en la plenaria de la Cámara de Representantes. El texto de este artículo busca que la ANT........

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