La política exterior de un país no se improvisa. Responde a una visión estratégica definida por el jefe del Estado y ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución llamada a defender los intereses nacionales mediante la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional.

En el Perú, la conducción de la política exterior corresponde a la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, su ejecución recae en el canciller Carlos Espá, quien ha asumido la responsabilidad de traducir en acciones concretas los lineamientos estratégicos del nuevo gobierno.

Durante la ceremonia por el 205.° aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Día del Diplomático, celebrada en el Palacio de Torre Tagle, Espá destacó que el prestigio de la diplomacia peruana es el resultado del trabajo serio, técnico y perseverante de generaciones de diplomáticos. Más que un discurso conmemorativo, sus palabras reflejaron una visión que apuesta por el fortalecimiento institucional y por una política exterior basada en el profesionalismo.

Uno de los primeros desafíos que debió afrontar fue el caso de la ex primera ministra Betsy Chávez. La concesión del salvoconducto para su traslado a México generó un intenso debate político. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la situación está claramente regulada por la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El tratado establece que corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del asilo. En este caso, la decisión fue adoptada por México. El Perú, como Estado respetuoso del derecho internacional y de los tratados suscritos, estaba obligado a cumplir con sus disposiciones.

Ello no significa que el Estado peruano haya renunciado a defender sus intereses. Si considera que se han vulnerado los términos de la Convención, existen mecanismos jurídicos internacionales que podrían activarse, incluida la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia.

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