El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, puso el dedo en la llaga: dada la multiplicidad de anomalías en el proceso de elección del Poder Judicial —desde casillas con 100% de votación, boletas pre marcadas y hasta con la misma caligrafía, y los millones de tristemente célebres “acordeones del bienestar” que coincidieron con los juzgadores electos— se debiese declarar la no validez de unos comicios donde 87% del electorado no participó.

Pero Guadalupe Taddei, al frente del INE, se molestó por la solicitud y se apuró a entregar las constancias de mayoría a personas que recibieron menos sufragios que los nulos o en blanco depositados.

Ello mostró nuevamente la peligrosa evaporación del estado de derecho y, por tanto, de la certeza jurídica que necesitan empresarios para invertir y las personas para firmar contratos.

De ahí la relevancia de la impugnación que contra esos comicios presentó ayer el Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno: sin estado de derecho, se impone la ley del más fuerte y la democracia se convierte........

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