En el panorama económico y normativo actual de Bolivia, los profesionales de los sectores: contable, auditores, abogados y el rubro inmobiliario enfrentan una profunda transformación en el ejercicio de sus funciones. Tradicionalmente orientados a la asesoría, el cumplimiento fiscal y la gestión de negocios, estos sectores han sido formalmente integrados al esquema de prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo coordinado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Bajo la figura regulatoria de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) —sustentada en Normativas Administrativas emitidas por la UIF, como la Resolución Administrativa Nro.075-2026 y sus antecesoras—, los profesionales de estos ámbitos asumen la responsabilidad legal de actuar como agentes de información. Este  mandato exige que dichos actores identifiquen, analicen y reporten operaciones sospechosas a través de la plataforma tecnológica denominada “CARONTE V2”.

¿Quiénes son considerados Sujetos Obligados?

Existe........

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