La corrupción no es solamente un delito contra la administración pública. Es una forma de degradación institucional que empobrece al país, destruye la confianza y convierte cualquier promesa de transformación económica en un discurso difícil de creer. Bolivia puede cambiar de presidente, de ministros, de orientación económica e incluso de modelo político; pero mientras no modifique la manera en que se administra el poder público, seguirá atrapada en el mismo círculo de precariedad, desconfianza y atraso.

La nueva administración asumió el gobierno en noviembre de 2025 anunciando una ruptura con las prácticas del pasado y una apertura hacia la inversión, la producción y el financiamiento internacional. Sin embargo, las investigaciones contra autoridades del anterior gobierno, incluida la detención preventiva del expresidente Luis Arce por presuntos hechos de corrupción, conviven con episodios que han comprometido tempranamente la credibilidad de la nueva gestión, como la designación y posterior salida de un ministro de Justicia cuya condena previa no habría sido transparentada oportunamente.

Desde luego, una denuncia no equivale a una condena y el debido proceso debe respetarse siempre. Pero políticamente existe una realidad imposible de ignorar y esta es que la corrupción continúa apareciendo como una constante que atraviesa gobiernos, organizaciones políticas, empresas públicas, autoridades subnacionales y distintos niveles de la administración estatal. Cambian los protagonistas, pero permanecen los mecanismos, como las designaciones discrecionales, contrataciones dirigidas, cobros ilegales, tráfico de influencias, instituciones capturadas y controles que........

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