Bolivia atraviesa un momento decisivo. El Gobierno busca estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal, recuperar la capacidad productiva y atraer inversiones. Se anuncian nuevas leyes de hidrocarburos, minería e inversiones, mientras se gestionan recursos con organismos internacionales, la Unión Europea, España y la CAF. Estas medidas pueden ser necesarias, pero la reconstrucción no debe limitarse a ordenar las cuentas públicas o mejorar los indicadores macroeconómicos. También debe preguntarse quiénes asumirán sus costos, quiénes participarán en las decisiones y cómo se distribuirán sus beneficios.

Las crisis no afectan a todas las personas por igual. Cuando aumentan los precios, caen los ingresos o se reducen los servicios públicos, son principalmente las mujeres quienes absorben el impacto en los hogares: administran presupuestos insuficientes, buscan ingresos adicionales y dedican más tiempo al cuidado de niñas, niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad. Si una familia no puede pagar una guardería o el sistema de salud no responde, una madre, hermana o abuela asume esa tarea. Toda política de ajuste que reduzca servicios sin ofrecer alternativas traslada costos del Estado a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres.

Las bolivianas han avanzado en educación, participación política y presencia laboral. El Censo de 2024 muestra que su participación en el mercado de........

© La Razón