El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, previsto en el artículo 417.1 del Código Penal. La sentencia, acorde con la entidad del delito, supone la inhabilitación especial para el cargo durante dos años, amén de una multa de 12 meses y una indemnización a la víctima de la filtración de 10.000 por daños morales. Se podrá disentir de la naturaleza de la condena, por su poca o mucha severidad, pero lo cierto es que se ha impuesto en el plano jurídico lo que a todas luces había sido una actuación impropia de la Fiscalía General, con un fondo partidista y de seguidismo de consignas exógenas, absolutamente indecoroso para el prestigio........

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