La Constitución establece en términos imperativos que «la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España» (art. 68.5). La LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) parte del reconocimiento del derecho de sufragio a los españoles (artículo 2.1), contemplando el ejercicio del voto por los electores ausentes en todos los procesos electorales. La legislación electoral exige la inscripción en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y establece el procedimiento de votación.

La inscripción en el CERA es «indispensable» para el ejercicio del derecho de sufragio. Ahora bien, es meramente declarativa y no constitutiva del derecho al voto, como parece inclinarse el Auto del Tribunal Supremo de 12 de octubre de 2026, que confirmó la suspensión del derecho de sufragio a quienes obtuvieron la nacionalidad por la «ley de nietos». Así lo entendió el Tribunal Constitucional, prevaleciendo en todos los casos del derecho fundamental, y la «conexión inescindible» entre ambos aspectos, pues «no existe un derecho a tal inscripción separado del de sufragio y este comprende el de ser inscrito en el censo».

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