Mario Navarro Amandi en «Estudios sobre procedimiento electoral» (1885), sostenía que para que una ley electoral pueda decirse buena, «es preciso que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la ponderación exacta de las fuerzas sociales, que la elección no pertenezca a las mayorías, sino a todos los electores y que la elección no pueda falsificarse». Hoy, aunque es indudable el muy alto grado de limpieza y corrección del proceso electoral, no dejan de ser necesarios múltiples mecanismos que prevengan conductas fraudulentas durante el proceso electoral.

Un proceso electoral que ahora ha empezado en Andalucía y que culminará en la votación del domingo 17 de mayo para elegir a los 109 diputados que componen el Parlamento de la comunidad autónoma de Andalucía. Para controlar directamente todo este proceso, en cuestiones como la presentación de candidaturas por formaciones con visos de ilegalidad, la regularidad del voto emigrante, la cobertura informativa de los medios de comunicación públicos que aseguren los principios de neutralidad, objetividad, veracidad y pluralismo informativo, las inauguraciones de obras en plena campaña electoral o la depuración de los errores que pueden producirse en un recuento llevado a cabo........

© La Razón