El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. / ZIPI / EFE

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia del covid mueve, sobre todo, a la melancolía. Desde un punto de vista documental no existe resquicio para la duda. Las comisiones de investigación que se abren en los parlamentos tienen como objeto dilucidar si existen responsabilidades políticas en una gestión pública incorrecta, gravosa, ajena al cumplimiento de los trámites y procesos administrativos de acuerdo a la legislación vigente. Como es obvio no dictan sentencias. Para eso están los tribunales. Es clarísimo que si se pierden cuatro millones de euros en una operación de legalidad sumamente dudosa para la adquisición de mascarillas sanitarias en medio de una pandemia que no llegaron jamás, existen responsabilidades políticas. Sin mover un dedo las responsabilidades políticas de los jerarcas del Servicio Canario de Salud son inmediatas. Pero si además esta fraudulenta compraventa contó con el........

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