La soberanía nació para garantizar la libertad política de los pueblos, no para consagrar la impunidad de quienes los someten. Convertirla en coartada de delincuentes con poder no sólo traiciona su origen histórico; subvierte el sentido mismo del Estado de derecho. En nuestro tiempo —con redes terroristas y de narcotráfico con asiento en aparatos estatales o bajo su tolerancia— la defensa de los derechos humanos exige un replanteamiento práctico: cuando concurren crímenes graves y narco-terrorismo, la soberanía deja de ser muralla y se convierte en deber; salus populi suprema lex. El mapa jurídico contemporáneo, lejos de amparar al victimario, impone obligaciones activas de protección dentro y fuera de las fronteras. No es ideología: es civilización.

El caso venezolano cifra con crudeza esa realidad. Allí la arquitectura formal del Estado fue vaciada para erigirse en armazón de control social, persecución organizada y economía criminal. La política fue sustituida por la coacción; la justicia por su simulacro; la ciudadanía por clientelas sometidas a chantaje. La administración del dolor —carcelaria, policial, económica— dejó de ser desviación para convertirse en método. A ese sistema algunos pretenden llamarlo “proceso político” o “soberanía nacional”. No lo es. Es la captura de un país por una red cuyo interés primordial no es la cosa pública sino su propia supervivencia y la expansión de negocios ilícitos con proyección transfronteriza.

La apelación ritual a la no injerencia ha servido para blindar esa maquinaria frente al examen independiente, expulsar observadores incómodos y denigrar a las víctimas como “enemigos internos”. Pero la soberanía, entendida con rigor, no faculta a un........

© La Patilla